El paso de Alonso Sansores Río como delegado del IMSS en Yucatán estuvo marcado por una serie de irregularidades relacionadas con la asignación de plazas laborales y la opacidad en la declaración de su patrimonio. Desde su llegada en enero de 2023 al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Yucatán, Sansores Río acumuló señalamientos por favorecer a familiares de sus colaboradores directos, así como por omitir información relevante en sus declaraciones patrimoniales. Tras permanecer tres años en el cargo, fue removido el 16 de abril de 2026 por instrucción directa de Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo interno del organismo en la entidad.
En la declaración patrimonial correspondiente al año 2023, Alonso Sansores Río reportó como únicos bienes dos vehículos y una vivienda adquirida a crédito en 2012, cuyo valor ascendía a 1.2 millones de pesos y de la que, según su propio testimonio, todavía debía cerca de la mitad. Sin embargo, documentos oficiales consultados por Latinus revelan que el exdelegado omitió informar la adquisición de una propiedad adicional en 2022, valuada en 3.5 millones de pesos, la cual compró en conjunto con su esposa, Claudia Alejandra Pérez Sulu. Dicho inmueble, registrado a nombre de ambos, no fue incluido en sus reportes oficiales, contraviniendo las obligaciones de transparencia que rigen a los servidores públicos.
Claudia Alejandra Pérez Sulu también se desempeñaba como funcionaria dentro del IMSS Yucatán durante este periodo. Ella fue ascendiendo en la estructura institucional hasta obtener, en 2023, una jefatura en la Unidad Médica de Alta Especialidad con un salario de 35 mil 800 pesos mensuales. En su declaración patrimonial más reciente, Pérez Sulu reportó ingresos anuales de 500 mil pesos, pero no incluyó la compra de un automóvil por el que pagó 1.1 millones de pesos en efectivo en 2025, según consta en una factura obtenida por Latinus. Estas operaciones financieras y adquisiciones han levantado sospechas sobre el origen de los recursos y la posible existencia de conflictos de interés.
La gestión de Sansores Río se distinguió también por la entrega de plazas y cargos dentro del IMSS Yucatán a familiares de sus colaboradores más cercanos. Entre los beneficiados destacan los dos hijos de su chofer, Jesus Manuel Cota Sepúlveda, quienes obtuvieron plazas en 2024. Asimismo, Rosa Margarita Canul Martínez, esposa del entonces Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la delegación, fue nombrada en un puesto para el que no contaba con el perfil profesional requerido. Otra beneficiada fue Claudia Ivette Larrondo Fuentes, esposa de Roberto Guzmán Jaramillo, administrador médico de áreas comunes de la Unidad Médica de Alta Especialidad, quien fue promovida en febrero de 2025 al cargo de técnica de atención a derechohabientes. Además, en ese mismo año, Mónica Hernández Zamora, casada con un integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, recibió una plaza laboral dentro del instituto.
A pesar de haber sido removido oficialmente de la titularidad del IMSS en Yucatán, Alonso Sansores Río aún aparece como titular del organismo en su declaración patrimonial presentada en mayo de 2026. Esta situación ha generado incertidumbre y críticas sobre la falta de claridad en los procesos de rendición de cuentas y transparencia del instituto en la entidad. El caso ha puesto en la mira los procedimientos internos del IMSS y ha reavivado el debate sobre el uso de influencias y la asignación discrecional de plazas, así como sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en el sector público para prevenir actos de corrupción y proteger los recursos destinados a la seguridad social en Yucatán.
