Los colectivos Kanan Derechos Humanos y la Colectiva Salvemos las Dunas han anunciado una reciente suspensión judicial que frena el avance del proyecto turístico conocido como ‘Las Dunas de Chuburná’. Esta medida se deriva de un amparo presentado por los residentes de Chuburná Puerto, quienes argumentaron que el Ayuntamiento de Progreso no cumplió con las normativas de participación pública en cuestiones ambientales antes de otorgar los permisos necesarios para la construcción.
El amparo fue discutido en el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, donde se aceptó la solicitud de los habitantes. Como resultado, se dictó una suspensión provisional que detiene la ejecución de la licencia de construcción y la autorización de uso de suelo del mencionado proyecto. Los ciudadanos alegan que es un derecho innegociable que las autoridades locales aseguren el involucramiento de la comunidad en decisiones que afecten su entorno.
Los argumentos presentados en el juicio subrayan que el Ayuntamiento debería haber llevado a cabo mecanismos de consulta y evaluación de impacto ambiental, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este tipo de consultas son esenciales para que los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y opiniones sobre proyectos que podrían impactar significativamente su calidad de vida y su entorno natural.
La medida cautelar concedida por el juzgado exige el pago de una garantía económica de $50,000.00 MX, lo cual es considerado por los involucrados como solo el primer paso dentro de un proceso legal que podría extenderse en el tiempo. La defensa del medio ambiente requiere no solo de tiempo y esfuerzo, sino también de recursos financieros para cubrir los costos asociados a los procedimientos legales y administrativos.
La Colectiva Salvemos las Dunas ha hecho un llamado a la comunidad para que se una a la causa, buscando donaciones y apoyo para afrontar los gastos legales que se presenten. Aseguran que esta suspensión no solo representa un éxito inicial en la lucha por proteger su territorio, sino que también refleja una creciente resistencia ante lo que perciben como una colusión entre las autoridades y el sector empresarial en Yucatán, un fenómeno que amenaza la integridad de sus territorios y el medio ambiente local.
